Reducir las emisiones del carbón para lograr el cumplimiento del Acuerdo de París, objetivo prioritario de la COP23

10/11/2017

Redacción Línea Verde

El debate sobre el carbón está monopolizando muchos de los debates de la COP23, incluso entre la sociedad civil, que el pasado sábado 4 de noviembre salió a las calles de Bonn en la manifestación climática más masiva de la historia de Alemania para pedir la adopción de medidas para combatir el cambio climático incluido el fin de la producción de energía con carbón. 

La ONU desveló hace tan sólo una semana que los niveles de CO2 en la atmósfera habían alcanzado un pico histórico, y advirtió que con los niveles actuales de emisiones será imposible cumplir con el límite establecidos en el Acuerdo de París para evitar el calentamiento global. En España los niveles de emisión de CO2 se han disparado desde 2011, siguiendo una tendencia contraria a la del resto de países de su entorno, en gran medida debido a la protección y ayudas otorgadas a las centrales térmicas de carbón, que han supuesto entre 2011 y 2017 un 51% del total de emisiones de CO2 del sector eléctrico, una de las principales causas del cambio climático.

En total, la generación de electricidad con carbón ha supuesto la emisión de 241.006.344,94 toneladas de CO2. A pesar de todo, el Gobierno anunció recientemente la preparación de un Real Decreto para evitar el cierre de centrales térmicas, y mantiene un Plan Nacional de Transitorio aprobado en 2016 que permite a estas centrales emitir contaminantes muy perjudiciales para la salud por encima de los límites establecidos por la Unión Europea.

“España debe seguir el ejemplo de países de su entorno y luchar contra el cambio climático decididamente, reduciendo sus emisiones de CO2 de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país" afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA, “Las centrales térmicas son uno de los principales focos de CO2.. Estos días en la COP 23 uno de los debates prioritarios está siendo la necesidad de descarbonizar el modelo energético y la adopción de un modelo basado en energías renovables para lograr cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París. El cambio climático es real y España es un país especialmente vulnerable. Urge reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero pues las consecuencias climáticas son ya muy graves y costosas".

Demanda contra el Plan Nacional Transitorio ante el Tribunal Supremo

El 25 de octubre de 2017, IIDMA presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pidiendo la nulidad del Plan Nacional de Transición (PNT) para grandes instalaciones de combustión (GIC). Este Plan del Gobierno se acoge a una excepción de la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea (DEI) que permite a los Gobiernos eximir a algunas instalaciones de combustión de los valores límites de emisión vigentes,  de forma excepcional, entre enero de 2016 y junio de 2020. 

Dos semanas después de que el Consejo de Ministros enviara el Acuerdo de París a las Cortes Generales para su ratificación, el PNT fue aprobado por ese Consejo el 25 de noviembre de 2016. A pesar de ello, las plantas han estado operando bajo los límites menos restrictivos del PNT desde enero de 2016, 10 meses antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, algo necesario para su entrada en vigor. 

A pesar de que la ley exige realizar una Evaluación Ambiental Estratégica en estos casos, el Gobierno no lo ha hecho, por lo que el Plan contraviene nuestro ordenamiento jurídico. El PNT incluye 29 plantas de combustión, de las cuales 9 están operando a una distancia no mayor de 5 kilómetros de lugares protegidos dentro de la Red Natura 2000.  Dentro de las 29 plantas incluidas, 21 son centrales térmicas de carbón, que están emitiendo actualmente altos niveles de NOx, SO2 y partículas a la atmósfera, algo que no podrían hacer fuera de la excepción del PNT. Además, durante la elaboración del PNT no se cumplió con la exigencia de participación pública, por lo IIDMA denuncia que ha faltado transparencia en el proceso y que no cumple con los requisitos del Convenio de Aarhus, del que España es Parte.

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